Manifiesto

Manifiesto por la sensatez en los salarios de los políticos y los cargos públicos

     Dispone la Constitución Española en sus Artículos 66 y 72, en los párrafos 2º y 1º respectivamente que los presupuestos de las Cámaras se aprobarán de forma autónoma. Esto quiere decir que son los diferentes representantes políticos que las ocupan los encargados de atribuirse la cuantía de sus salarios.

Hasta aquí todo está bien, pero hay que recordar que la Constitución Española entre otras cosas también dice en su Artículo 47:

“...Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos.”

Y en su Artículo 35 párrafo 1º:

“...Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo. ”

     Pero aún obviando que estas disposiciones no se cumplen por su incapacidad en la gestión y administración, y apelando al sentido común, ¿con qué ética superan sus salarios en el peor de los casos de ocho a diez veces el SMI?

     Sabemos que no es un problema únicamente de España, y que la tendencia en el resto de occidente es similar. Pero no desconocemos que en el resto de los países con los que continuamente nos comparan para tributar, los salarios mínimos permiten una vida digna y hay acceso al mercado de trabajo.

      Es justo recordarles que además de su salario (o “salarios” en muchos casos) perciben también multitud de complementos económicos por las más variadas razones, junto con vestuario, vehículos oficiales, asistentes, y unas viviendas que en nada se parecen a aquellas de 35m2 en las que pretenden que vivan sus conciudadanos con menores ingresos (pese a que ni esas están disponibles).

      Hay otro tema preocupante. ¿Cuántos de Uds. ocupan cargos “compatibles” en más de una Comunidad Autónoma? ¿Y cuantos de Uds. cobran gastos de desplazamiento y dietas de estancia por ello? ¿Y cuántos de Uds. ni tan siquiera acuden al puesto de trabajo del cargo principal habitualmente?

      No nos convence la excusa de que en el sector privado los salarios son infinitamente mayores: nadie les ha pedido que se presenten a un cargo público, es de hecho, el ánimo de servir a la ciudadanía el que les debiera mover a ello, y nunca el dinero. Pongan Uds. límites al enriquecimiento desmesurado basado en la especulación y/o el monopolio, y con ello difuminarán dicha excusa. Por tanto.

 Exigimos:

       Que en aras de la ética y la responsabilidad, fijen Uds. un tope salarial para la función pública política no superior a seis veces el Salario Mínimo Interprofesional en todo el país, incluyendo Ayuntamientos y Comunidades Autónomas. Que establezcan la imposibilidad de cobrar más de un salario e incluso a la compatibilidad de cargos, y pongan límites a todos los gastos complementarios y ofrezcan facilidades a la hora de su supervisión por parte de la ciudadanía.

 Si hace falta modificar la leyes para hacer efectivas estas medidas, háganlo. No queremos excusas.